Entre otras muchas cosas que parecen olvidadas, en El Contrato Social Rousseau escribió que “Sería, pues, preciso, para que un gobierno arbitrario fuese legítimo, que, en cada generación, el pueblo fuese dueño de aceptarlo o de rechazarlo” y que “Aunque cada cual pudiera enajenarse a sí mismo, no puede enajenar a sus hijos; nacen hombres y libres, su libertad les pertenece a ellos, y sólo ellos pueden disponer de la misma”.
En este punto que he decidido rescatar hoy, Rousseau habla de que las decisiones de una persona no vinculan a sus descendientes, y que para ser legítimos los gobiernos deben ser refrendados por cada nueva generación. Tal y como yo lo veo, un gobierno es mucho más que un ejecutivo. No se trata de contentarse con, cada cuatro años, ofrecer la posibilidad de cambiar las caras dentro de un mismo sistema, sino que el marco completo, ese contrato social que nosotros llamamos Constitución, para ser legítimo, no puede ser impuesto por las decisiones de hombres y mujeres que pueden llevar muchos años muertos, sino que cada generación debería tener su oportunidad de decidir si ese, y no cualquier otro, es el marco en el que quiere que transcurra su vida.
Algunos argumentarán en contra la dificultad de establecer el momento; Ese preciso instante en el que se hace necesario volver a preguntar al pueblo si esas son en verdad las reglas básicas que quiere para sí. Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que esa aparente indeterminación no era tal, y surgió en mi mente la idea de la caducidad de la Constitución: Cuando en las listas del censo los hombres y mujeres que en su día pudieron votar la Constitución no constituyan al menos la mitad más uno de los censados, habrá llegado ese momento.
Es decir, cuando entre las personas con derecho a voto sean más quienes no tuvieron oportunidad de pronunciarse que los que en su día fueron convocados a las urnas, estaremos en una situación en la que la opinión de una minoría obligue a una mayoría a la que nadie pregunta, y por lo tanto el sistema de gobierno carecerá de legitimidad, ya que su Constitución habrá caducado.
